Una joven, indignada con el pago de la declaración de la renta: "No tengo varios curros por gusto"

Desde el 11 de abril hasta el próximo 30 de junio, Hacienda gestionará los resultados de las declaraciones de la renta, obligatoria para todos aquellos españoles cuyos ingresos anuales superan los 22.000 euros con un pagador y los 14.000 euros con dos pagadores; un baremo que podría parecer democrático sino fuera porque, en el mundo actual, no abundan los contratos fijos y estables dentro de una misma empresa, por mucho que esa fuera la intención de la ministra Yolanda Díaz.

La cláusula de los pagadores múltiples está causando verdaderos quebraderos de cabeza a la gente joven, que enlaza un trabajo con otro a lo largo del mismo año, pues prefieren seguir trabajando y cotizando en vez de gastar su tiempo de paro. Es el caso de Marina Fernández, empleada de una ETT con un contrato fijo discontinuo con el que, asegura, "cada 3 meses" la "echan a la calle" y, a pesar de eso, Hacienda se lo cuenta como una duplicidad de ingresos.

"¿Por qué tengo que pagar 700 euros...?"

"Si yo tengo un trabajo de enero a marzo, en abril me pongo a buscar uno nuevo porque no me voy a quedar parada en mi casa. ¿No se dan cuenta de que la gente como yo no tenemos más de un trabajo por gusto? No es que queramos tener dieciocho mil trabajos a la vez porque, encima, no son a la vez. No es que que trabaje por la mañana en un sitio, por la tarde en otro y, por la noche, también y que me esté haciendo de oro. Yo acabo un trabajo y empiezo otro es por necesidad pura y no porque yo quiera. ¿Por qué tengo que pagar 700 euros...?", ha sido su queja, animando a otros jóvenes a que hagan lo mismo.

En su feed ha recibido varias críticas por si no se ha retenido el porcentaje adecuado de IRPF; algo que también ha aclarado: "En cada contrato, a mí me han dicho que el IRPF se regulaba solo, por lo que no he podido decidir sobre ello", ha dicho Marina, enfadada porque se ponga el foco del problema en ella y no en el sistema. Existen otros casos, como el cobro de una pensión del Estado (a la que, normalmente, se accede por una situación de inferioridad), que también se cuenta como un segundo pagador y es motivo de queja.