El 26 de abril del 2018, España entera contenía la respiración ante la publicación de la primera sentencia del juicio contra La Manada, que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Navarra. Cientos de mujeres se llevaron las manos a la cabeza al enterarse de que los cinco no eran condenados por violación, sino por abuso sexual, cuya diferencia en el Código Penal era la presencia o ausencia de violencia e intimidación durante el desarrollo del delito en cuestión.

Los jueces entendieron que, al no haber movimientos forzosos por parte de la víctima durante la violación en la que fue penetrada repetidamente contra su voluntad, el acto no había implicando violencia. La barbarie a la que la joven fue sometida a altas horas de la madrugada en un portal de Pamplona, no les pareció suficientemente agresiva y, por ello, condenaron a los agresores por abuso y no por agresión, siendo la condena 9 años de cárcel, en vez de 15.

Las mujeres españolas no podían consentir que la sentencia quedara así, sin reflejar la gravedad de lo ocurrido en aquel trágico San Fermín. Por eso, bajo el lema yo sí te creo, salieron en masa a la calle para gritarle a la víctima que ellas eran su manada. La marea morada fue tan potente, que, finalmente, el Tribunal Supremo escuchó el mensaje que llegaba - tronando- desde la calle y elevó la condena a 15 años por agresión sexual para cada uno de los sevillanos condenados.

Fue entonces cuando, desde Podemos, Irene Montero recogió el guante de esta ola de sororidad y se convirtió en la abanderada de una nueva ley que eliminara el abuso del Código Penal, para que todos los delitos sexuales fueran considerados como agresión. Con su llegada al Ministerio de Igualdad, esta ley se materializó y se hizo realidad bajo uno de los lemas de aquella manifestación en la que el feminismo ganó la batalla: SÓLO SÍ ES SÍ; siendo el consentimiento el centro de la defensa de las víctimas de violación.

Lo que la ministra no había previsto es que, con el reajuste de las condenas mínimas que su cambio en los conceptos penales iba a causar, muchos agresores sexuales iban a pedir una revisión de sus penas y, voilá, iban a conseguir una reducción legal de las mismas. Y mucho menos que uno de esos condenados iba a ser, precisamente, el más joven de los cinco integrantes de La Manada, Ángel Boza, que ya no cumplirá los luchados 15 años de cárcel, sino 14.