La policía tailandesa ha cerrado el caso del presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. El español Daniel Sancho se declaró culpable del crimen y la investigación ha constatado que su acción fue premeditada y que actuó solo, sin la participación de terceras personas. Así lo dijeron las fuerzas de seguridad de Tailandia en una rueda de prensa en la que dieron una información más: su firme recomendación de condenar a Sancho a la pena capital. Es decir, a la pena de muerte.

Hasta que se someta a juicio, el español permanecerá en la cárcel de Koh Samui en régimen de prisión provisional. Y, de ser finalmente condenado a la pena de muerte, ¿qué podría hacer España por el hijo de Rodolfo Sancho para evitar su ejecución, en base a los derechos democráticos vigentes en nuestro país? Existe un acuerdo internacional, el acuerdo de Estrasburgo, en base al cual un estado miembro puede pedir la extradición de un preso de su nacionalidad en otro estado miembro.

Sin embargo, Tailandia no figura junto a España en este primero tratado de 1983. Y, de no existir un acuerdo bilateral entre los dos países (un acuerdo especial) el traslado de Daniel Sancho sería muy complicado y se dilataría extremadamente en el tiempo, como ocurre con otros presos que fueron condenados a muerte en el extranjero, como Pablo Ibar.

Según el Código Penal, entonces, una vez que Sancho sea condenado, tanto el preso como el Ministerio de Justicia de España pueden hacer la petición de cambio de centro penitenciario, siempre que el delito por el que haya sido condenado también está tipificado en nuestro país. El traslado, no obstante, no se hace de forma automática, sino que debe darse la conformidad oficial de los estados. Por ello, no se puede determinar cuánto tiempo permanecerá el español y asesino confeso en la cárcel tailandesa.