En las últimas semanas, tres propuestas de ley sobre la legalización del cannabis se han registrado en el Congreso de los Diputados. Las formaciones Más País, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya abren así de nuevo un debate que parece tomar fuerza por momentos: ¿ha llegado la hora de dejar de perseguir el consumo de cannabis y legalizar su uso? Más allá del debate moral, el consumo de cannabis es una realidad y en Yasss hemos analizado qué ocurre en otros países donde es legal, además de qué impacto tendría en España si las propuestas salen adelante.

Este debate ya se planteó, de hecho, el pasado junio, cuando el Congreso aprobó crear una subcomisión a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para estudiar el consumo de esa droga con fines terapéuticos (que todavía no ha empezado a funcionar). Ahora, Más País, UP y ERC van más allá: no se trataría solo de legislar el uso del cannabis y sus derivados como tratamiento para ciertas enfermedades, sino aprobar una ley que permita su venta y consumo, como ocurre con el tabaco y el alcohol.

Íñigo Errejón, líder de Más País, declaró tras la presentación de la propuesta que "es hora de ser pioneros, de adelantarnos en regulaciones que ya están en Alemania y Portugal", comparando este avance con el del matrimonio igualitario, que España aprobó años antes que los países de nuestro entorno. Si su propuesta o la de ERC salen adelante, el cannabis se podría consumir en España en el ámbito público y privado (UP solo apoya el consumo privado). En debate también está el autocultivo y las cantidades que cada persona podría poseer (UP y Más País coinciden en 3.650 gramos).

Portugal, nuestro país vecino, dejó de considerar un delito el consumo del cannabis y demás drogas en 2001. Entonces, la perspectiva del gobierno luso pasó a ser la de priorizar el ofrecer tratamientos contra la adicción a las personas descubiertas con drogas, en vez de perseguirlas de manera legal; así surgió la llamada ‘vía portuguesa’, que sería algo como "está prohibido, pero no es delito". Desde ese momento, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos intervienen junto a la policía en el trato con las personas a las que se descubre con drogas. Desde 2018, Portugal también permite los usos terapéuticos del cannabis, y aunque en términos estrictos consumir cannabis sigue siendo ilegal, actualmente se debate el autoconsumo y cultivo.

En Alemania, el otro ejemplo empleado por Errejón, aunque estrictamente es ilegal la tenencia de cannabis, su consumo está regulado a través de una ley algo confusa –considera ilegal tener la droga, pero no consumirla– que permite una “pequeña cantidad”, distinta en cada Länder (estados alemanes). En la práctica, los delitos por consumo de cannabis se suelen gestionar derivando a las personas a tratamientos contra la adicción y no desde la pena de cárcel, que normalmente no llegan a materializarse. Desde 2017, en el país germano está permitiendo el uso medicinal de la planta, lo que le ha convertido en el mayor mercado legal de cannabis de Europa, y actualmente también se debate la legalización completa.

Hace décadas que el debate está encima de la mesa: el cannabis ha acompañado a la humanidad durante toda su historia –hay constancia de su uso hace 8.000 años en China– y muchas culturas lo han usado para sus remedios tradicionales, pero a principios del siglo XX se inicia su prohibición y persecución, que ha derivado en un mercado ilegal dominado por mafias imposible de cuantificar.

La idea, ahora, es legislar su cultivo y consumo, una realidad que ya existe, para hacer que sea más seguro. Según la encuesta EDADES, elaborada por el Ministerio de Sanidad y referenciada en la propuesta de Más País, hasta un 37,5% de la población en España ha consumido cannabis en algún momento de su vida. En 1997 esta cifra estaba en el 14,5%, por lo que queda claro que el hecho de que el cannabis sea ilegal no supone una merma en su presencia en nuestro país. Por otra parte, los cultivos legales de marihuana en España están en auge, relacionados con el comercio del CBD.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, declaraba a raíz de su propuesta que "no regularlo no lo hará desaparecer, al contrario, fomentará el mercado negro". Un mercado negro que, además de sus estructuras delictivas y de la violencia que lleva aparejada, deja al Estado fuera de un negocio millonario. La propuesta de ley de Más País proyecta un impuesto especial del 35% en las actividades económicas relacionadas con el cannabis, lo que según sus cálculos se traduciría en 3.000 millones de euros al año (de los que propone invertir el 60% en la sanidad pública). Además, calculan la creación de unos 90.000 empleos.

Por su parte, Unidas Podemos propone igualmente la creación de un impuesto especial de productos del cannabis, que variaría dependiendo del contenido de THC –la principal sustancia psicoactiva que contiene– de los productos que se distribuyan para su venta. La formación morada contempla también la creación de la Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis, un organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, que controlará, según su propuesta, la “siembra, cultivo, cosecha, control, inspección, producción, extracción, elaboración, etiquetado, empaquetado, trazabilidad, control analítico, transporte, acopio, distribución, dispensación, venta y comercialización de los productos del cannabis”.

En Canadá, que desde 2018 es la mayor potencia mundial en cannabis (y el segundo país del mundo en legalizarlo completamente, tras Uruguay), se recaudaron 11.032 millones de dólares en impuestos directos a esta actividad en 2020. Estados Unidos, donde 15 estados contemplan su uso medicinal y recreativo, se calcula que en 2025 el cannabis aportará más de 100.000 millones de dólares a las arcas del Estado.

Un argumento contrario a la legalización es el que cree que formentaría su uso. Pero, ¿se consume más cannabis si es legal? Según la experiencia canadiense, las cifras no varían mucho. De hecho, el 75% de los consumidores seguían comprando en el mercado negro durante el primer año de la nueva legislación, tendencia que solo se revirtió con la llegada de la pandemia, que disparó los negocios legales.

A lo largo de la historia, la relación del ser humano con las sustancias que alteran la percepción ha sido omnipresente. La ilegalización de ciertas sustancias –de la que han quedado fuera el tabaco, el alcohol, el café o el cacao, que también producen estos efectos–, que sucedió fundamentalmente entre los años 20 y 40 del pasado siglo, no ha hecho que la gente consuma menor cantidad de estas sustancias. De hecho, según un estudio de la ONU, los consumidores de drogas han aumentado un 20% desde 2010.

Propuestas como las ahora registradas en el Congreso de los Diputados abren la vía a un cambio de paradigma, en el que la prohibición –con su mercado negro y crimen organizado– pueda superarse a favor de un modelo de control estatal y seguridad médica. En manos del Gobierno queda ahora tomar en consideración las propuestas de ley y extender el debate a la totalidad del Congreso de los Diputados, para decidir si el estatus legal del cannabis cambia en nuestro país, como lo lleva haciendo años en Europa y en el mundo.